11 millones de euros
Es la cantidad con la que el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Medio Ambiente van a indemnizar a los familiares de las 87 víctimas de la riada de Biescas tras más de nueve años de demandas judiciales. El fallo de la Audiencia todavía se puede recurrir aunque los familiares tienen pleno derecho a exigir la ejecución de la sentencia.
Acerca del suceso, comentar, a grosso modo, que en agosto de 1996 unas lluvias torrenciales provocaron que un camping ubicado en el cono de deyección de un barranco de alta torrencialidad fuera arrastrado por una riada de fuerza desmedida provocando fallecimientos de familias enteras y numerosos heridos. Desde entonces, víctimas y familiares de los desaparecidos iniciaron una batalla legal en busca de responsables.
Partiendo de la base de que a los fenómenos naturales no se les puede juzgar, sí existen medios técnicos y científicos para prever circunstancias de este tipo. Pero todavía consta algo más relevante: hay informes de peritos que no daban el visto bueno acerca del lugar escogido. En dichos expedientes se recogen avisos sobre el peligro para los bienes y las personas que se encontraran en dicho camping y que se obviaron, evidentemente, por dejadez, por lo intereses que todavía están por desvelar pero que se pueden adivinar, o por ambas cosas, a saber.
El precio de una vida humana es algo que no voy a cuestionar jamás. Pero, a mi modo de ver, esta cantidad se asemeja más al formalismo de la palabra "multa" que a un "dinero de consolación" ya que este último término, salvo en casos excepcionales, jamás lograría su propósito puesto que ni conforta ni devuelve a la vida al ser humano que se ha perdido para siempre, así como tampoco palia las secuelas psicológicas de quienes han vivido en primera persona cualquier catástrofe.
Cuando se ha producido una negligencia claramente probada tiene que haber un castigo. El escarmiento económico es con el que, de momento, se han de conformar estos familiares pues el proceso ha trascurrido a través de la vía civil, previo descarte de la penal que solicitaron como primera instancia. Este primer y tardío éxito se ha traducido en un puñado de millones de euros que desembolsaremos los aragoneses primero, y los españoles después, de nuestros bolsillos.
Quiero dejar claro que no estoy en contra de la indemnización pero sí de que parte la tenga que sufragar yo. Y cuando digo "yo" incluyo al resto de los ciudadanos porque nosotros no somos en absoluto responsables de la mala actuación de unos, de la dejadez de otros y de los intereses de aquellos que quedaban por mencionar. Sin embargo, el proceso penal que los familiares intentaron llevar a cabo en primer lugar, fue desestimado. Esta vía haría sentarse en el banquillo a los verdaderos responsables de la tragedia quienes seguro a estas horas todavía están celebrando con cava no el año nuevo, sino la manera tan excelsa que han tenido de escabullirse de una notoria condena.
Pues no se descuiden, señores excelsos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ha celebrado en noviembre una vista previa para decidir si admite a trámite el caso que todavía cinco afectados han planteado. Si así fuera, la denuncia se refiere a presuntas violaciones de los artículos 2 (Derecho a la vida), 6.1 (Derecho a un juicio justo) y 13 (Derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, me parece injusto mencionar a las Administraciones como responsables de la tragedia y no señalar con el dedo a los personajes protagonistas con nombres y apellidos. Sus puestos son cargos políticos que cambian en cada relevo de la Legislatura. Hace nueve años, estos Ministerios los gestionaba el Gobierno del Partido Popular y estas "marionetas" autorizaron en su día, a "ojos vendados" una serie de licencias. Ahora se escribe en mayúsculas y negrita los nombres de las dos Gerencias implicando, de manera indirecta, a los cargos que hoy las ocupan cuando éstas, en realidad, tan sólo son recintos.
Por interés político, claro, al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente, les toca callar. Y a mí pagar. ¡Qué triste!.
Acerca del suceso, comentar, a grosso modo, que en agosto de 1996 unas lluvias torrenciales provocaron que un camping ubicado en el cono de deyección de un barranco de alta torrencialidad fuera arrastrado por una riada de fuerza desmedida provocando fallecimientos de familias enteras y numerosos heridos. Desde entonces, víctimas y familiares de los desaparecidos iniciaron una batalla legal en busca de responsables.
Partiendo de la base de que a los fenómenos naturales no se les puede juzgar, sí existen medios técnicos y científicos para prever circunstancias de este tipo. Pero todavía consta algo más relevante: hay informes de peritos que no daban el visto bueno acerca del lugar escogido. En dichos expedientes se recogen avisos sobre el peligro para los bienes y las personas que se encontraran en dicho camping y que se obviaron, evidentemente, por dejadez, por lo intereses que todavía están por desvelar pero que se pueden adivinar, o por ambas cosas, a saber.
El precio de una vida humana es algo que no voy a cuestionar jamás. Pero, a mi modo de ver, esta cantidad se asemeja más al formalismo de la palabra "multa" que a un "dinero de consolación" ya que este último término, salvo en casos excepcionales, jamás lograría su propósito puesto que ni conforta ni devuelve a la vida al ser humano que se ha perdido para siempre, así como tampoco palia las secuelas psicológicas de quienes han vivido en primera persona cualquier catástrofe.
Cuando se ha producido una negligencia claramente probada tiene que haber un castigo. El escarmiento económico es con el que, de momento, se han de conformar estos familiares pues el proceso ha trascurrido a través de la vía civil, previo descarte de la penal que solicitaron como primera instancia. Este primer y tardío éxito se ha traducido en un puñado de millones de euros que desembolsaremos los aragoneses primero, y los españoles después, de nuestros bolsillos.
Quiero dejar claro que no estoy en contra de la indemnización pero sí de que parte la tenga que sufragar yo. Y cuando digo "yo" incluyo al resto de los ciudadanos porque nosotros no somos en absoluto responsables de la mala actuación de unos, de la dejadez de otros y de los intereses de aquellos que quedaban por mencionar. Sin embargo, el proceso penal que los familiares intentaron llevar a cabo en primer lugar, fue desestimado. Esta vía haría sentarse en el banquillo a los verdaderos responsables de la tragedia quienes seguro a estas horas todavía están celebrando con cava no el año nuevo, sino la manera tan excelsa que han tenido de escabullirse de una notoria condena.
Pues no se descuiden, señores excelsos, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ha celebrado en noviembre una vista previa para decidir si admite a trámite el caso que todavía cinco afectados han planteado. Si así fuera, la denuncia se refiere a presuntas violaciones de los artículos 2 (Derecho a la vida), 6.1 (Derecho a un juicio justo) y 13 (Derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por otro lado, me parece injusto mencionar a las Administraciones como responsables de la tragedia y no señalar con el dedo a los personajes protagonistas con nombres y apellidos. Sus puestos son cargos políticos que cambian en cada relevo de la Legislatura. Hace nueve años, estos Ministerios los gestionaba el Gobierno del Partido Popular y estas "marionetas" autorizaron en su día, a "ojos vendados" una serie de licencias. Ahora se escribe en mayúsculas y negrita los nombres de las dos Gerencias implicando, de manera indirecta, a los cargos que hoy las ocupan cuando éstas, en realidad, tan sólo son recintos.
Por interés político, claro, al Gobierno de Aragón y al Ministerio de Medio Ambiente, les toca callar. Y a mí pagar. ¡Qué triste!.
otra fantasía de Dayamunzu a las 07:50
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